LA LEY 26.657 COMO MARCO DE REFERENCIA EN LA REINSERCIÓN SOCIAL DE PACIENTES CON PADECIMIENTO MENTAL. Fecha de recepción 25/6/13 Fecha de aceptación 28/7 /13

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Resumen

El presente trabajo forma parte de una indagación mayor en que se evalúa el impacto del alojamiento de personas con padecimiento mental en una Casa de Medio Camino, a partir del contraste de instrumentos de medición en Rehabilitación Social.   
Se considera aquí la Ley Nacional 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental, recientemente reglamentada, que concibe al enfermo como un sujeto cuyos derechos deben ser protegidos y respetados, y cuya normativa explicita que los procesos de atención deberán realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario, implementándose “acciones de inclusión social, laboral y de Salud Mental comunitaria”. Las “Casas de Medio Camino” se encuentran entre los dispositivos que se corresponden con las instancias terapéuticas extrahospitalarias, intermedias y transitorias, a que refiere la Ley. Representan la continuidad en la atención sanitaria de personas con padecimiento mental severo.


Palabras clave: Ley 26.657 – Reinserción social – Casas de Medio Camino – Salud Mental


 


La derogación de la Ley 22.914 Personas con deficiencias mentales, toxicómanos y alcohólicos crónicos, su reemplazo por la Ley 26.657 Derecho a la Protección de la Salud Mental, sancionada en 2010, y las modificaciones que esta última aportara al Sistema de Salud Mental fueron necesarios, no acaso porque el Sistema en sí mismo careciera de valores; sino porque con el tiempo estos se desvirtuaron dando lugar a procesos de burocratización que distanciaron y enajenaron a los propios agentes de salud en relación con aquellas actividades que debían constituir el eje central de su misión institucional.


Hace ya décadas que el término “asilo” se asocia a un régimen opresivo y degradante (Foucault; 2005) en el cual el paciente padece la reclusión indefinida (y a menudo compulsiva) como la perspectiva de futuro más próxima a su vivencia personal, régimen del cual sólo cabe esperar desposeimiento, lesiones a la identidad, uniformización y sobreadaptación (de Lellis; 2006).
Desde un análisis costo-beneficio, el establecimiento de efectores descentralizados de pequeña escala, parece reflejar claras ventajas respecto de aquellas Instituciones “totales” caracterizadas por el hacinamiento, el abandono y la deshumanización, donde irregularidades administrativas han dado lugar a permanentes violaciones de los derechos de las personas allí atendidas y de quienes les brindaban atención.
En la actualidad el desarrollo de dispositivos intermedios resulta la alternativa menos discutible a la atención tradicional basada en hospitales psiquiátricos. Los mismos se orientan, básicamente, hacia una “filosofía de la rehabilitación” que pondera la funcionalidad personal y social por encima del control de síntomas, en tanto enfatizan los derechos de las personas concretas, en sus contextos reales de vida.  


2. Antecedentes

Existen1 en la Argentina cincuenta y cuatro instituciones públicas destinadas al internamiento crónico: una colonia nacional y once colonias provinciales, así como cuarenta y dos hospitales psiquiátricos provinciales (entre los que se cuentan los cuatro hospitales monovalentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Se estima en alrededor de 21.000 el número de personas internadas en estas instituciones (14.000 en las colonias y 7.000 en los hospitales psiquiátricos).
La mayor parte de los establecimientos con características asilares, surgieron en nuestro país como respuesta política y social al problema de la enfermedad mental, la indigencia y la marginalidad crecientes a principios del siglo XX. Por entonces significaban una solución “completa” a la asistencia pública, para la que, en todo caso, no existían otras alternativas.
Señalan de Lellis y Rossetto (2006) que, hacia finales del siglo XIX, aquellos inmigrantes que llegaban al suelo argentino, debían adecuarse a las normas y valores del orden, disciplina y respeto por la autoridad, que caracterizaban “el ideario conservador, el mismo que hegemonizara desde la década de 1880 la construcción de un nuevo proyecto de Estado Nacional”.
En un contexto impregnado de prejuicios hacia valores considerados “ajenos” y amenazadores del orden constituido, en el que la alternativa más frecuente ante la marginalidad o la ausencia de integración social resultaba la respuesta disciplinaria o coercitiva, el sistema asilar surgió como opción innovadora en la Argentina del Centenario. 
En aquel momento Domingo Cabred, quien fuera designado Presidente de la Comisión de Asilos y Hospitales Regionales2 , instituyó un modelo asistencial progresista, inspirado en la corriente anglosajona, fundado en los principios de “humanización del proceso de atención, la rehabilitación por medio de la educación y el trabajo, y el sistema de puertas abiertas”.
El carácter de las instituciones comprendidas en el “sistema-colonia” a las que así dio lugar, era de autosuficiencia económica y autonomía administrativo-financiera, y la propuesta terapéutica del dispositivo “puertas abiertas” que llevaban a cabo, procuraba la rehabilitación social sin opresión ni coerción (tal como se practicaba en Europa). El emplazamiento rural de estos establecimientos respondía al propósito de evitar al paciente su exposición a las complejas demandas y tensiones de la vida en las concentraciones urbanas, que amenazaba comprometer su precario equilibrio psicológico.
En su discurso inaugural de la Colonia Nacional de Alienados (1899), Cabred expuso las radicales ventajas científicas y humanitarias representadas por el sistema Open Door, a las que adscribía: “La observación ha demostrado que, por lo menos, el 80% de la población de los asilos de alienados puede usar de una real libertad, con positivas ventajas para su salud física y mental, y sin perjuicio alguno para los que lo rodean. La secuestración a que están condenados todos los enfermos, sin excepción, en los asilos cerrados es, pues, no sólo innecesaria, sino también contraria a los derechos del hombre y a las exigencias del tratamiento científico de la locura. Y son tan mezquinos los resultados curativos alcanzados en estos establecimientos que Marandon de Montyel, uno de los primeros y más entusiastas partidarios del Open Door en Francia, los llama ‘fábricas de locos e incurables”.
Tanto su dependencia directa de la Presidencia y la extensión territorial del proyecto de Asilos y Hospitales Regionales, como los considerables recursos asignados a sus propósitos rehabilitadores, dan cuenta de la firme decisión del Estado de provocar sustanciales mejoras en el escenario de la marginalidad (Verronelli; Verronelli Correch, 2004).
Por cierto, el reconocimiento de las características opresivas implicadas en el régimen de las “Instituciones Totales” estaba fuera del horizonte ideológico en que Cabred se había formado y a partir del cual había diseñado la respuesta asilar; por ello, en la presentación de los fundamentos de su proyecto institucional, hace alusión a aquellas prácticas aberrantes comunes a la época inmediatamente anterior a Pinel: la ducha fría, el chaleco de fuerza, todo tipo de ligaduras, y el ejercicio prolongado y sistemático, para luego enumerar las buenas prácticas que se instituyen en el Asilo: supresión del chaleco de fuerza, aislamiento pasajero en celdas acolchadas, vida en común, reposo prolongado en el lecho como parte del tratamiento, impulso a la ocupación, aumento de diversiones y entretenimientos. “En efecto, de igual manera que los antiguos medios de coerción y fuerza irritaban al alienado, cualquiera fuera su nacionalidad, hasta el grado del furor, la secuestración carcelaria de los asilos le entristece y le humilla, pues el sentimiento de libertad persiste en el mayor número de estos enfermos. De ahí la incesante protesta contra la privación de ese bien que no se resigna a perder, y el continuo deseo, frecuentemente satisfecho, de las evasiones” (Cabred, 1899).
No obstante, la doctrina de la beneficencia, propia de aquel momento, confirió características de protección, cuidado y refugio a la institución asilar, sentando los cimientos que permitirían, décadas más tarde, advertir las consecuencias degradantes de la institucionalización, sobre la calidad de vida de las personas alojadas.
Así, el modelo asilar que se conformara a inicios del siglo XX, expresando su máximo desarrollo y prosperidad un par de décadas más tarde, inició su declinación en la década del ´30, llegando a perder por completo el sentido de su misión institucional a mediados del siglo pasado. Se señala, en términos generales, que el propio éxito de los asilos originó su pérdida de sustentabilidad: mientras la insuficiencia de recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura daba lugar al deterioro edilicio, se derivaba a las instituciones un número cada vez mayor de pacientes que se correspondía con los más variados cuadros patológicos.  
Finalmente la internación, destinada a proteger a los pacientes, se transformó en el motivo de su aislamiento y exclusión social.
Los niveles crecientes de hacinamiento, que dificultaban la eficacia de cualquier acción rehabilitadora, y la profundización de los procesos de burocratización naturalizaron el desplazamiento de fines. A la reclusión indefinida y sin objetivos terapéuticos se sumó un clima de escepticismo, que ni siquiera las innovaciones en materia de psicofármacos lograron eludir. 
El avance del abordaje farmacológico en la segunda mitad del siglo XX, que fuera sin dudas un salto cualitativo a nivel del tratamiento y compensación de la salud de los pacientes con padecimiento mental en beneficio de su contención y seguridad, se encuadró principalmente en el aislamiento e internación indefinida de los mismos, dejando de lado la integración del sujeto a su ámbito social, familiar y laboral, descuidando, en suma, los aspectos inherentes a la calidad de vida. 
Ahora bien, si durante gran parte del siglo pasado el modelo de beneficencia sustentado en el liderazgo hegemónico del médico que, investido del “saber” científico, se arrogaba el papel de reformador social, representó la única alternativa al problema de la enfermedad mental; a fines del siglo XX comenzaron a estudiarse estrategias para el desarrollo de planes, programas y políticas de Salud Mental que, a semejanza del movimiento de desmanicomialización originado en Italia durante la década de los ´70, promovían la transformación de los dispositivos de atención. Su objetivo era ofrecer alternativas al régimen asilar y reemplazar un Sistema que, con más de un siglo de desarrollo, no había alcanzado a dar respuesta a la problemática, sin vulnerar -en muchos casos aún más- a quienes de por sí están vulnerados.
Esta transformación requirió de un marco legal preciso. De hecho, la militancia y el compromiso desplegados por un gran colectivo de actores del campo de la Salud Mental  identificados con los cambios, hicieron posible la sanción de leyes de Salud Mental. 
Así, en el año 2000, se sancionó la Ley N°448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante el transcurso del año 2010 se promulgó la Ley Nacional N° 26.657. Luego, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones implementó el proceso interactivo de Reglamentación de esta última. En el mismo participaron cientos de organizaciones académicas, organismos de Derechos Humanos y de la Gestión Pública, de las áreas de Salud Mental y Adicciones de todas las provincias, gremios y profesionales particulares, organizaciones de usuarios y familiares, del sistema de salud, y público en general.


 


3. Salud Pública. Ley 26.657 Derecho a la protección de la Salud Mental

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 recientemente reglamentada, promueve dispositivos de atención alternativos a los modelos clásicos de internación psiquiátrica, como un derecho humano fundamental para todas las personas, en concordancia con normativas de referencia en Salud Mental y Derechos Humanos a nivel internacional. Centra, por lo tanto, sus acciones en estrategias comunitarias y en la certeza de que cada persona es -ante todo- sujeto de derechos y por ello no puede quedar excluida de aquellas decisiones que la comprenden. 
Desde esta perspectiva abre un nuevo panorama en la atención de pacientes con padecimiento mental de algún tipo, ya que, además de involucrar la disminución y tratamiento de sus síntomas, facilita otros aspectos tanto emocionales y sociales, como generales de la vida cotidiana. 
El reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas con padecimiento mental, es el supuesto filosófico que da lugar a los procesos normativos de transformación institucional, es decir: la concepción del enfermo como un sujeto cuyos derechos deben ser protegidos y respetados. Implica, además, la definición de Salud Mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento implican una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.
La Ley explicita que el proceso de atención deberá realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud, implementándose “acciones de inclusión social, laboral y de Salud Mental comunitaria”. Establece que en ningún caso se presumirá riesgo de daño o incapacidad, sin una previa evaluación interdisciplinaria de cada singularidad, y que las acciones deberán orientarse al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales.  
Entre otros, el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos: a) a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada; b) a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia; c) a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos; d) a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria; e) a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe; f) a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. 
Impulsa, asimismo, la difusión y conocimiento de los principios, derechos y garantías reconocidos y las responsabilidades establecidas en la Ley entre todos los integrantes de los equipos de salud.
Deseamos señalar que la incorporación a la legislación del reconocimiento como sujetos de derecho a las personas con padecimiento mental, denuncia a las claras que tales derechos eran vulnerados sistemáticamente en la práctica. Por ello, la Ley enfatiza en los derechos: i) a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado; j) a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención; k) a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro  de sus posibilidades; m) a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente; o) a no ser sometido a trabajos forzados; p) a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen producción de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados.
En las modalidades de abordaje indica la promoción de la atención en Salud Mental a cargo de equipos interdisciplinarios, integrados por profesionales y técnicos de las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes, debidamente acreditados por la autoridad competente.
Se destaca que la Ley considera la internación “como un recurso terapéutico de carácter restrictivo” que, siendo lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios, sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social.
Ahora bien, puesto que prohíbe la “creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”, establece que las internaciones de Salud Mental deben realizarse en hospitales generales y ello sólo en ausencia de cualquier otra alternativa eficaz para su tratamiento, como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo cuando, a criterio del equipo de salud, exista situación de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros.
Cabe destacar que, en la Ley, la alusión precisa a la prescripción de medicación pone en evidencia la histórica presencia y naturalización de prácticas espurias; por ello establece el Artículo 12: “La prescripción de medicación sólo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo, por conveniencia de terceros, o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales”.
De idéntico modo aspira subsanar antecedentes de escepticismo y anomia extendidos en gran parte de los profesionales y el personal de los establecimientos, que resultaran en el clima institucional predominante durante décadas, promoviendo “espacios de capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se desempeñen en servicios públicos de Salud Mental en todo el país” y Convenios de Cooperación para la realización de programas de capacitación permanente de los equipos de salud, con participación de las universidades. Con el mismo designio establece en el artículo 33, que “la Autoridad de Aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas, para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y Salud Mental”.
En la certeza de que una internación indefinida, o carente de objetivos, se transforma en un modo de reclusión o privación de la libertad, para extender el acceso a una atención eficaz e instrumentar respuestas alternativas al régimen asilar incrementando las posibilidades de contención y crecimiento vincular de las personas, la Ley establece que “Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional; atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios; servicios para la promoción y prevención en Salud Mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas”. Estas disposiciones enfatizan el reconocimiento del derecho “a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación”. 


4. La reinserción social 

Tanto “Hostales” como “Casas de Medio Camino” se encuentran entre los dispositivos que se corresponden con las instancias terapéuticas extrahospitalarias, intermedias y transitorias para la resocialización de pacientes internados de mediana o larga estadía, en Hospitales Monovalentes de Salud Mental, a que refiere la Ley. Empero, mientras los primeros son efectores destinados a aquellos pacientes que, por el momento del proceso de rehabilitación y resocialización en que se encuentran, aún no están en condiciones de realizar con autonomía las actividades propias de la vida cotidiana, requiriendo de asistencia y coordinación por parte del Equipo de Salud Mental; las segundas están destinadas a aquellos pacientes que, por su evolución favorable, han logrado mayor autonomía, hallándose en condiciones de realizar de manera autónoma las actividades de la vida cotidiana, con menor asistencia y coordinación, y mayor grado de interacción grupal y comunitaria, pudiendo integrarse a este dispositivo de rehabilitación y resocialización previas del alta definitiva.


Se destaca que, mientras en estas últimas la asistencia terapéutica de los pacientes en ellas incluidos es realizada por Equipos de Salud Mental externos, en los Hostales la asistencia terapéutica se lleva a cabo por el Equipo de Salud Mental del mismo efector.
Una Casa de Medio Camino es una instancia intermedia entre la institución cerrada y la reinserción social. Es un recurso supletorio del hogar familiar, con alojamiento voluntario y consentido, para aquel paciente psiquiátrico que circunstancialmente no puede convivir con su grupo familiar o que no puede vivir de manera independiente. Es un medio protegido, para un número limitado de residentes, donde el “huésped” puede ser asistido en el entrenamiento y la adquisición o re adquisición de habilidades sociales. 
En concordancia con el tratamiento de la enfermedad en sí misma, la rehabilitación social de las personas con padecimiento mental es, en la actualidad, uno de los objetivos primordiales del Sistema de Salud, ya que no sólo se procura la remisión de síntomas y la estabilidad emocional de los pacientes, sino además su incorporación al contexto social, familiar y laboral. 
La Rehabilitación Psicosocial comprende el funcionamiento general del individuo, orientando sus acciones hacia el logro del ejercicio más apropiado para la vida autónoma dentro de su comunidad. Incluye, entre otras habilidades psicosociales, las características del lenguaje, la interacción social, el nivel de actividad, los modales, la higiene personal, el autocuidado y el manejo de dinero (Baker y Hall, 1983).
Según Velarde-Jurado y Avila-Figueroa (2002) la rehabilitación psicosocial representa una instancia cardinal para el logro de una mejor Calidad de Vida en personas con padecimiento mental. 
El constructo Calidad de Vida articula, de forma general, condiciones objetivas de la vida de un individuo a la satisfacción experimentada por él mismo con dichas condiciones,  desde la perspectiva de sus valores personales (Borthwick-Duffy y Cols., 1992; Felce, 1995). Otros estudios, que también datan de hace dos décadas , enfatizan la subjetividad del actor al señalar que la Calidad de Vida es la percepción del individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas e intereses.
La generalización del colectivo “Personas con Padecimiento Mental” surge de la necesidad de delimitar, desde un enfoque poblacional y comunitario, a aquellas personas que, más allá de la especificidad clínica individual y la referencia diagnóstica particular, requieren estrategias de abordaje e intervención similares de rehabilitación y apoyo social con el objetivo de la recuperación de su autonomía e integración gradual a su realidad cotidiana.
En líneas generales, el dispositivo Casa de Medio Camino está dirigido a aquellos pacientes que transiten una situación de crisis que no implique riesgo para sí o para terceros y que puedan alojarse temporariamente en una residencia de cuidados intermedios, o que luego de una internación psiquiátrica aguda no se encuentran en condiciones de reintegrarse a sus actividades y espacios previos. Cabe destacar que, en tanto casa de puertas abiertas, se identifica a este dispositivo como el escenario adecuado para la reinserción de las personas con padecimiento psíquico en su comunidad de origen (familia, trabajo, estudio, amigos), toda vez que promueve el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de los “huéspedes” con sus familiares y allegados, así como con su entorno laboral y social.
Pero aún más: la cooperación cotidiana, el hecho de compartir el espacio y las tareas con otros, y la convivencia armónica alejada de la artificialidad del encierro, generan redes vinculares que se van extendiendo progresivamente. Estos vínculos, tanto como las relaciones que los pacientes entablan con los profesionales del
equipo tratante y el personal de la casa, constituyen en sí mismos un dispositivo terapéutico. 
Este dispositivo proporciona, en suma, un ambiente no institucional, similar a un hogar; brinda oportunidades para aprender y desarrollar habilidades para la resocialización; máxima autonomía, independencia y autodeterminación; facilita el empleo de procesos grupales y “manejo terapéutico del medio”, y la cooperación con otras instancias en la rehabilitación.


5. Síntesis y propuestas

Aunque no existen registros oficiales precisos relativos a su número o locación, las instancias terapéuticas extrahospitalarias no son una “novedad” en nuestro medio, ya que llevan un considerable tiempo de desarrollo; sin embargo, sus programas han cobrado protagonismo y son objeto de un creciente interés dentro de la atención comunitaria5  a partir de su específica mención por la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental. De hecho representan la continuidad en la atención sanitaria de personas con padecimiento mental severo, en virtud de sus efectos sobre parámetros clínicos, funcionales y de ajuste social (López Álvarez et al.; 2004); al tiempo que cabe considerarlos como aquella prestación social que recupera y protege derechos humanos básicos.
Dispositivos similares, o que convergen al objetivo común del logro de un proyecto de vida autónomo, vínculos personales estables y satisfactorios e inserción social, laboral u ocupacional, a través de un abordaje terapéutico interdisciplinario, se ofrecen hoy para el tratamiento de personas con alteraciones neurológicas y conductas disruptivas, o consumo de sustancias tóxicas.
No obstante, aun cuando los beneficiarios no son homogéneos en cuanto a sus necesidades, y pese a que la orientación y desarrollo concreto de este tipo de programas presenta todavía importantes diferencias entre sí, resulta evidente que, en principio, han logrado romper con las tendencias de segregación social que estaban en el origen y mantenimiento de las Instituciones precedentes.
Nuestro interés es circunscribir una indagación, a la evaluación del impacto del alojamiento de personas con padecimiento mental, en una Casa de Medio Camino. 
Habida cuenta del efecto negativo del rechazo social, el  refuerzo del estigma  y sus consecuencias sobre la autoestima de estas personas, destacamos como parámetros de valoración de los logros del programa, el grado de autonomía alcanzado por los pacientes allí alojados, el ajuste a su entorno y los cambios registrados en sus Historias Clínicas, tanto al ingreso como al egreso de la institución. 
A partir del contraste de instrumentos de medición en Rehabilitación Social, consideramos que un estudio de estas características, en tanto modelo preliminar, representa un aporte contundente en la estimación de la efectividad de estos dispositivos en nuestro medio.    


 


NOTAS


1 Datos PROSAM – MSN 0276-D-2007


2 En los veinticinco años que Cabred presidió la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales se diseñaron y construyeron, entre otros, el Asilo Colonia Regional Mixto de Alienados de Oliva; el Sanatorio Nacional de Tuberculosos de Santa María en la Provincia de Córdoba; el Hospital Común Regional de Resistencia; el Hospital Común Regional del Centro de Bell Ville en la provincia de Buenos Aires; el Asilo Nacional Nocturno en Capital Federal; el Sanatorio Nacional de Tuberculosos de Santa María; el Hospital Común Regional de Allen en Río Negro; el Asilo Colonia Regional de Niños Abandonados en Olivera en la Provincia de Buenos Aires, el Hospital Común Regional Andino Presidente Plaza de La Rioja y el Asilo Colonial Regional Mixto de retardados ubicado en la localidad de Torres cuya denominación actual es Colonia Nacional Montes de Oca (Vezzetti, H. 1999)

3 Group WHOQOL – Study protocol for the World Health Organization Project to develelop a Quality of Life. Qual Life Res 1993; 2 153-9


4. Médico; Psicólogo; Asistentes terapéuticos; Acompañantes terapéuticos; Talleristas; Ama de llaves; Cocinero; Mucama.


5 De ello dan cuenta, tanto el número creciente de publicaciones sobre la cuestión, como la cantidad de foros de discusión, argumentaciones e iniciativas sobre “Casas de Medio Camino” que se promueven entre académicos, profesionales y familiares, en distintos ámbitos en nuestro país


Buenos Aires, Noviembre de 2013


 
Bibliografía
  • Baker, R y Hall, J.N.,(1983) “Rehabilitation evaluation of Hall and Baker (REHAB), Aberdeen, Vine Publishing Ltd.

  • Borthwick-Duffy y Cols. (1992). “Quality of life and quality of care in mental retardation. In L. Rowitz (Ed.) Mental retardation en the year 2000. Berlin, Springer-Verla. 

  • Cabred, Domingo.(1991) Discurso Inaugural de la Colonia Nacional de Alienados (1899). Publicado en Revista Vertex. Vol. II Nro. 3. 1-8 Marzo-Abril-Mayo. 

  • de Lellis, Martín y Rossetto, Jorge. (2006). “Hacia la reformulación de las políticas públicas en Salud Mental y discapacidad intelectual”, en: de Lellis, Martín. Psicología y políticas públicas de salud. Paidós. Buenos Aires. 

  • de Lellis, Martín y Rossetto, Jorge (2009). “Cien años después: Transformaciones de una institución asilar en la República Argentina”. Eä Journal , Vol. 1, Nº 1.

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  • López Álvarez; Lara Palma; Laviana Cuetos y cols.(2004) Archivos de Psiquiatría; 67 (2): 101-128.

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  • Vezzetti, Hugo. “Domingo Cabred y el asilo de puertas abiertas”. Revista Vertex. Vol. II Nro. 3. Marzo-Abril-Mayo.  

  • Ley Nacional de Salud Mental 26.657 Derecho a la protección de la Salud Mental. Sancionada 25 11 2010, promulgada 2 12 2010. Reglamentada por Decreto 603/2013.

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Articulos Cientificos
Biografía del autor

beatrizmrodriguez@gmail.com

Doctora en Psicología Cínica. Investigadora. Secretaria Académica (Facultad de Humanidades). Directora de la Licenciatura en Psicología. Profesora Titular de las asignaturas: Psicoanálisis I y Psicología Clínica de Adultos (UdeMM). Autora de: Prostitución (2011); Desde la Clínica (2010); La femineidad y sus metáforas (2005); Climaterio femenino (2000); El Hijo inconcebible (1996), y de numerosos trabajos de su especialidad.

marcela.garcia.rey@gmail.com

Licenciada en Psicología. Investigadora en formación. Maestranda en Psicoanálisis. Co-coordinadora del Área PPS. Profesora Titular de: Técnicas de Abordaje e Intervención en Situaciones de Crisis; OPP I y Trabajo en Instituciones (UdeMM).

cynthiacrodriguez@hotmail.com

Licenciada en Psicología. Especialidad en Psicoanálisis. Investigadora en formación. Profesora Adjunta de: Técnicas de Abordaje e Intervención en Situaciones de Crisis; Trabajo en Instituciones; OPP I (UdeMM).

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