LA TRATA DE PERSONAS Fecha de recepción 9/2/2016                                                                                  Fecha de aceptación 11/3/2016

Contenido principal del artículo

Eva Giberti

Se conceptualizan las diferencias entre trata y tráfico de personas, clasificando el delito como esclavitud, se enuncian las responsabilidades gubernamentales  y se narran los antecedentes históricos en Argentina. Se seleccionan los ejemplos de trata con finalidad prostituyente. 
Las distintas personas que intervienen en la captación de las víctimas, su traslado y establecimiento en los lugares de encierro, así como las posibles características psicológicas de quienes fueron separadas de sus familias y violentadas en sus derechos humanos. Se incluyen las intervenciones nacionales, regionales e internacionales dedicadas a la lucha contra este delito como forma del crimen organizado y se mencionan las relaciones que establece el denominado “cliente” con las víctimas y la rufianería. Finaliza, con la creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de estas víctimas y el surgimiento de la ley 26364 Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.


Palabras clave: Trata de personas, tráfico, delito, gobierno, rufianes, legislación internacional, víctimas, clientes, Oficina de Rescate.      ´


 


Sin que fuera posible preverlo o anticiparlo, ajeno a cualquier planteo académico y distante de las habituales lecturas universitarias, el tema trata de personas se introdujo sorpresivamente día a día como un problema que debía comprometer moralmente a la comunidad. Las informaciones periodísticas no dejaban dudas, y la apelación a la ética que debería regir las políticas públicas de nuestro país resultaba jaqueada al entreabrir las compuertas de la historia nacional.
No se puede eximir al Estado y las políticas públicas de tener parte de la responsabilidad en la degradación del sistema social (Martins, 2012). Se descubrió entonces la esclavitud como una entidad cercana, compartida en la oscuridad de prácticas que, sexualmente, arrasaba la vida de miles de mujeres y adolescentes, y que también abarcaba un campo laboral heterogéneo con niños y adultos dedicados a producir –en estado de esclavitud– una serie de productos que usamos o consumimos.
En la perspectiva mundial la trata está ubicada en una estadística que ocupa el tercer lugar de delitos luego del tráfico de armas y el de drogas. Los organismos internacionales que se ocupan del tema estiman que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata y que el negocio mueve 32.000 millones de dólares en todo el mundo.
Se conceptualizó una trata de personas con finalidad sexual prostituyente y también una trata con personas que son reclutadas para la producción de prendas de ropa o tareas domésticas o campesinas (recolectores por ejemplo).Este delito constituye una degradación de la condición de seres humanos de las víctimas y trasciende lo meramente corporal: es la “venta” de seres humanos y la compra de sus servicios (Giberti, E., 2007ª).
Aparece como un fenómeno mundial provocado por la demanda del varón y potenciado tanto por la violencia de género, el desempleo, la pobreza y la discriminación, como por la escasa acción de algunos poderes públicos. Para un correcto tratamiento de la problemática es necesario vincular la trata con la clase social, las relaciones de género, las etnias y los factores culturales predominantes en las sociedades actuales (Giberti, E., 2012).
Si bien tanto el vocablo “trata” así como “tráfico” se utilizan indiscriminadamente, no se consideran sinónimos: de acuerdo con la definición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, sin fecha), el objetivo de la trata consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona; y el tráfico ha sido definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material (Mónica Pérez, 2005, op. cit.). En el caso de la trata no es indispensable que las víctimas crucen las fronteras entre países para que se establezca el hecho delictivo, mientras que éste es un elemento necesario para la comisión del tráfico.
Los textos redactados a posteriori de reuniones internacionales consignan: “Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.?Además se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos”. Las víctimas de trata y las personas objeto de tráfico, sean o no solicitantes de asilo, que se ven obligadas a ponerse a merced de las redes criminales internacionales, se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de vejámenes y maltratos (ACNUR, sin fecha).


El presente texto se ocupará de trata de personas con finalidad prostituyente. 


Las cifras obtenidas en el año 2010 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informan: El mercado ilícito se estima en 32 billones de dólares y según información de la Iniciativa Global contra la Trata de Personas UNGIFT (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking) de las ganancias globales que se mueven detrás del mercado ilícito de la trata de personas 1.3 billones de dólares que equivalen al 4.1% son generados en América Latina.

El 49% se genera en países industrializados caracterizados por ser los principales destinos de las víctimas que provienen de Latinoamérica. 

Asimismo las autoridades informan que el 52% de los tratantes o personas dedicadas al tráfico humano son hombres y el 42% mujeres. Sin embargo, en el 30% de los países donde se sabe el sexo de los autores, más mujeres fueron declaradas culpables de delitos relacionados con la trata. 

La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional es un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional, fue adoptado en el año 2000. Es también llamado la Convención de Palermo, y sus tres Protocolos (los Protocolos de Palermo) son: Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Estos tres instrumentos contienen elementos de las actuales leyes internacionales sobre trata de personas y el tráfico ilegal de armas. La convención y el protocolo están bajo la jurisdicción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés United Nations Office on Drugs and Crime).  


Las Víctimas, Nomenclatura y Vulnerabilidad


Las víctimas son las que etimológicamente dieron sentido a la nomenclatura de trata. Es palabra derivada del latín: traho, traxi, tractum, tracta: tirar hacia sí, arrastrar, llevar con fuerza y por la fuerza. En el siglo XVII se comenzó a hablar de traite des nègres y en el siglo XX por extensión y oposición traite des blanches.

La palabra “tráfico”, que deriva del mismo origen en su versión de trajinar, remite a trasladar los negocios y las cosas de los negocios de un lugar a otro –y de aquí el deslizamiento entre trata y tráfico–, pasar de mano en mano. Asociada con esta nomenclatura, una palabra del francés antiguo rastrea una expresión que se utilizó en el siglo XIV y en el siglo XV: trainée, que quiere decir niña o hija de la calle.

La vulnerabilidad de las víctimas se reconoce porque denota una imposibilidad de defensa frente a los hechos traumatizantes o dañinos debido a insuficiencia de recursos defensivos personales o institucionales; además pone de manifiesto una incapacidad o inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario generado por los efectos de esos hechos externos desordenantes, agobiantes a veces. La que podría entenderse como “adaptación” constituye una forma de sometimiento denigrante de la condición humana. La perspectiva social y económica es la que describe la vulnerabilidad como dependencia inevitable de las desigualdades sociales que incluye la asimetría de poder entre los géneros.

La Esclavitud


En su origen la trata de personas responde al sistema esclavista ya conocido en la Edad Media cuando las bandas organizadas desde distintas localidades con posibilidad de contar con armamentos propios de la época asaltaban a poblaciones que vivían –según los saqueadores– en estado de salvajismo, es decir con una cultura que ellos no reconocían como tal, particularmente porque no producían bienes económicos redituables para la época, sólo producían para su subsistencia (Giberti, E., Pinto, G,. 2012).

Las poblaciones, cuasi marginales, no podían defenderse y las personas eran arrastradas para ser vendidas como esclavos a los traficantes que los conducían a regiones donde se encontraban los compradores. Ésta era la perspectiva comercial de una sociedad esclavista –tal como funcionó en la Edad Media– que no nos resulta ajena hoy en día (Saco, J.A., 1974).

Estas poblaciones, en aquella época, no sólo eran vulnerables sino que estaban desvalidas1 se asemejan a la que –suponemos– era el estado de la mayoría de las mujeres secuestradas y cautivas para la trata con finalidad prostituyente, provenientes de la miseria o de la pobreza extrema y cuyo secuestro puede haberse originado no sólo en el hecho violento de arrastrarlas físicamente sino mediante engaños, las falsas promesas de trabajo paradigmáticas de estas situaciones, como forma del secuestro psíquicamente diseñado. Según la concepción social de los tratantes, ellas representan sujetos inferiores, inútiles e inservibles para otra actividad como no sea el servicio sexual: ésa es la representación que se impone en sus prácticas. 

En la población, o en las comunidades o en su versión popular “la gente”, se mantiene, salvadas sean las excepciones, una versión instintivista de la sexualidad de las mujeres, “la mulieritas”, es decir la condición de la mujer consciente de sus propios sentimientos sexuales y capaz de inspirar deseos sexuales en los otros (Peter Brown, 1993). 

El cuerpo de la mujer, continente de una sexualidad lujuriosa y desbocada, incitadora del varón y sujeta a pasiones descontroladas, origen de todo mal como el mito bíblico lo afirma, autorizaría, por su esencia, a violencias múltiples. Estas apreciaciones que regularon la religión cristiana durante el Medioevo persisten en los imaginarios sociales; no son ajenas a la indiferencia, y aun a la autorización consciente y racional de “la gente” que, conociendo –o no– la existencia de mujeres prostituidas a merced del varón, encuentran argumentos que racionalizan la perversidad de tales apreciaciones. Para lo cual precisan negar la naturaleza humana de estas mujeres y sirve para crear y sostener el vacío jurídico que se mantuvo durante décadas. Al mismo tiempo tolerar y fomentar la apropiación de la persona de estas mujeres mediante distintas formas de violencia: la apropiación que recurre al secuestro, a la cooptación y posterior asimilación, una vez lograda la victimización y la destrucción física, psíquica y cultural. La apropiación cotiza en precios de servidumbre sexual, servicios para el cliente.

La mujer es objeto de uso por parte del rufián2 e ingresa y se asimila en el circuito de la “cosa apropiada”, es decir, se convierte en cosa útil carente de las dignidades que le competen como persona, para sostenerse exclusivamente merced a ese cuerpo de mujer en el que habita. Se distingue entre prostitución libre y prostitución forzada (Serra, C.R. 2007), tema que abre un capítulo de discusiones internacionales. (Ver páginas 9 y 12). 
La trata funciona como un modo de producción esclavista y genera un sistema organizado y permanente.


La trata de personas con finalidad prostituyente, para revisar la historia 


La trata de personas como problemática social se hizo visible hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, momento en que se la denominó “Trata de Blancas”, para referir al traslado y comercio de mujeres en su mayoría de origen europeo y americano, al mismo tiempo que se marcaba la discriminación resultante del diferente color de piel en relación con las comunidades africanas esclavizadas. 
La Convención de Ginebra (1920) modificó la designación de “trata de blancas” por la de “trata de mujeres y niños”. En nuestro país pueden reconocerse actividades de trata ligadas a la explotación sexual desde fines del siglo XIX, cuando las mujeres europeas poblaron los burdeles de Buenos Aires en el periodo culminante de la emigración transatlántica, entre 1870 y la Primera Guerra Mundial. 

Los datos aportados por la policía de aquella época: “(El comisario auxiliar Miguel Costa) ordenó el 15 de junio de 1885 a los comisarios de Sección, que debían hacer saber a las prostitutas que podían abandonar las casas aunque tuvieran deudas contraídas con los dueños (del prostíbulo) y que en cualquier circunstancia encontrarían apoyo en la autoridad para resistir los malos tratos o violencia de que fueran objeto” (Rodríguez, A.E.; Zapiettro, E.J., 1999). Esta disposición describe nítidamente la condición de trata en la que se encontraban sumergidas las víctimas, al mencionar la deuda económica que deben asumir con los rufianes quienes les cobran por la vivienda, la ropa, la comida y otros gastos que ellas producen mientras se encuentran esclavizadas. Deuda que difícilmente logra saldarse.
En la misma obra histórica se enumera la cantidad de prostíbulos que funcionaban en la Ciudad de Buenos Aires. En 1933 (233 oficializados) y se menciona a los proxenetas responsables por la prostitución callejera, a los cuales individualizaba al decir “cuando eran extranjeros” enunciando sus nacionalidades. Eran expulsados merced a la Ley de Residencia. 

El 23 de septiembre de 1913, por iniciativa del legislador socialista Alfredo Palacios, se aprobó la ley N° 9143, que implementaba el delito de lenocinio (proxenetismo), primera ley tendiente a proteger a las víctimas de explotación sexual, penalizando a sus responsables y colocando a la Argentina en la vanguardia legislativa de la época3.

Fue significativa la participación que distintas mujeres tuvieron en la denuncia y lucha contra este delito a lo largo de la historia. Una de las más comprometidas fue Cecilia Grierson. Entre 1922 y 1923 la uruguaya Paulina Luisis fue una integrante activa de la “Comisión de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas” de la Sociedad de las Naciones. Luego, en la década de 1930, la anarquista Emma Goldman cumplió un rol fundamental contra la trata de mujeres (Torchon, Y., 2006). Como corolario, en 1936 fue sancionada la Ley de Profilaxis que abolió la prostitución con escaso éxito en su aplicación ya que con el afianzamiento del capitalismo a nivel mundial, se conformaron algunas de las grandes “sociedades delictivas”. La primera red de traficantes locales surgió en 1906 y sería conocida como “La Zwi Migdal” (Gran Fuerza) y operaría sin limitación alguna desde aquella época. Otra de las sociedades delictivas más conocidas fue la Milieu, una organización no jerárquica integrada por marginales y delincuentes procedentes de Francia. De esta manera, el negocio de dimensiones internacionales alcanzó altos niveles de organización y de poder económico y político. Una historia descriptiva del funcionamiento de esas redes y de la denuncia que logró desbaratarles corresponde a la intervención de Raquel Liberman, quien ocultó su nombre verdadero como protección. Su sobrenombre, La Polaca, identifica a la mujer que viajó desde Europa con sus hijos para encontrarse con su esposo en Tapalqué y al morir éste fue captada por la Zwi Migdal en su situación de viudez a cargo de dos hijos. Luego de la denuncia, un juez tomó la decisión de dictarle prisión preventiva a?108 proxenetas y la captura internacional de 334 prófugos. Pero la Cámara de Apelaciones revocó la medida para 105 de ellos por falta de pruebas y testimonios insuficientes.

Años más tarde, por medio de un decreto-ley de 1957 y una ley de 1960, el país ratificó "El convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena", y aprobado por las Naciones Unidas el 2 de noviembre de 1949. Luego, durante décadas, se mantuvo la ausencia de decisiones políticas acerca del tema por parte de los sucesivos gobiernos (Schnabel, R.A., 2009). 
La problemática fue abordada de manera pionera por la sociedad civil ya que los gobiernos permanecían indiferentes. Desde el año 2003, la Red “No a la Trata” nuclea distintos organismos nacionales y provinciales, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y personas físicas que articulan acciones contra este delito (mediante mensajes de correo electrónico pero sin acciones efectivas). En el mismo año fue creada la ONG Luz de Infancia, en Puerto Iguazú (provincia de Misiones), destinada a proteger a las niñas y niños víctimas de prostitución. Iniciativa que actuaba en coordinación con la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) presidida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Realicé tres seminarios en dicha región, como representante de CONAETI, destinados a las fuerzas de seguridad, docencia y personal judicial, así como profesionales del ámbito de la salud. En todas las reuniones se aportaron comentarios que evidenciaban el conocimiento de la comunidad referente a la prostitución con niñas y adolescentes y la mención de mujeres jóvenes provenientes de Paraguay, transportadas por “reclutadores” que después de atravesar Puerto Iguazú eran derivadas a distintas ciudades del país. Estos hechos aparecían como “naturales, culturales e inmanejables”. 

En la misma región corresponde señalar la tarea realizada por la Coalición Alto a la Trata y a la Explotación Sexual Comercial Infantil, que funciona desde el año 2005 con sede en Posadas. Esta organización se ha ocupado del seguimiento de los artículos clasificados en los diarios misioneros que a partir de la oferta de trabajo intentaban reclutar menores; también ha confeccionado el Código de Ética Hotelera contra la Trata y la Explotación Sexual Comercial Infantil al que adhirió la Asociación Misionera de Bares, Hoteles, Restaurantes y afines, y la Subsecretaría de Turismo de la misma provincia. Su coordinadora, la educadora popular Claudia Lascano, colaboró activamente con el Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio del Interior de la Nación para la organización del área Trata de Personas que dependía de dicho Programa y desde donde se redactó el proyecto que posteriormente se convirtió en ley nacional contra el delito de trata de personas. Los aportes de Claudia Lascano constituyen un baluarte histórico para el conocimiento e información de trata en Argentina. En la actualidad dirige un refugio destinado a la recuperación de mujeres y adolescentes víctimas de trata, que ella mismo creó en Misiones (Refugio Mburucuyá, en Garupá) mediante el aporte de donaciones de organismos privados (Giberti, 2014a).
En el año 2005, desde la Oficina de Asistencia Integral a las Víctimas de Delito (OFAVI), E. Freixas (2009) presentó un proyecto de ley referido a la trata. Dicha Oficina contaba con sólida experiencia en el tema debido a sus intervenciones con víctimas de trata dominicanas instaladas en nuestro país. Es preciso saber que la lucha contra la trata solamente puede avanzar con la colaboración de la sociedad civil aunada con las fuerzas de seguridad y la justicia.


Actividades regionales e internacionales 


En 1994 fue fundada la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres (CATW) de Venezuela con el objetivo de ampliar la cobertura de acción contra la explotación sexual en el país. Luego, se conformó la filial regional, ampliando su misión para “establecer y desarrollar una Red Latinoamericana y del Caribe dirigida Contra la Explotación de Mujeres y Niñas en Prostitución y Tráfico”, bajo la perspectiva filosófica de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres, que define a la explotación sexual de la mujer en todas las modalidades de la prostitución, pornografía y tráfico, como violación de los Derechos Humanos.


Sostiene, entre otros puntos, que resulta inaceptable el concepto de “prostitución forzada”; ya que el supuesto de una prostitución libremente practicada, cualesquiera que sean las formas de ejercerla, queda negado, en vistas de las características que adquiere el sistema patriarcal imperante y del lugar que ocupan las mujeres en la sociedad.


Los diversos acuerdos internacionales para la supresión de la trata fueron desarrollados desde 1904 y hasta 1949, año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Aunque se trató de un logro sumamente paradigmático, ello no repercutió en acciones concretas por parte de los países miembros para frenar este delito.


El tema adquirió relevancia nacional e internacional recién entrados los años 80, cuando se produjo un significativo incremento de la migración femenina trasnacional, que venía gestándose desde fines de los años 70. 


Los gobiernos que conducen un Estado pueden desconocer una realidad perentoria del país que dirigen, pueden negar la existencia de un problema, también pueden firmar convenios internacionales acerca de la necesidad de suprimir un grave delito que comparte con otros países y al mismo tiempo elegir desentenderse de lo convenido y eludir los reclamos de quienes son víctimas de un delito o de las voces de quienes las representan. Un Estado en tal situación podría convertirse en productor de desvalimiento para un universo de sus ciudadanos/as: desvalimientos políticos y éticos en su dimensión estatal por tolerar la inserción de prácticas esclavistas que vulneran sus compromisos constitucionales. Es posible inferir una corrupción de las pulsiones sociales que puede alcanzar los bordes de la pulsión de muerte en tanto y cuando quienes son responsables por los habitantes de un país legitiman por omisión de políticas públicas o acatamiento de presiones exteriores –prioritariamente económicas– la existencia de la trata. 


La identidad política de un país (que es ajena a la confusa idea de ser nacional) se construye mediante el conjunto de valores, principios y procedimientos que sus ciudadanos defienden o proponen, además de los discursos o creación de leyes. Tales valores y procedimientos se rastrean en la historia de esos países (Giberti, 2007b).


Al decir de Bobbio (1997): “Cada nación es responsable por aquello que produce y por lo que omite y ése es el espacio que separa y distingue la acción política orientada por principios y valores, y la acción política guiada por los resultados que obtiene o las consecuencias que resultan”. 


Funciones de los participantes de la red delictiva


Las funciones más representativas son: 

CAPTADOR: su rol esencial es contactar a las víctimas en su lugar de origen mediante la construcción de un vínculo de confianza, con frecuencia incluyendo la simpatía de los padres de la joven. 


RECLUTADOR/A: puede trabajar de manera independiente a cambio de una comisión de dinero por cada persona captada para un tratante, o en relación de dependencia para el regente de un prostíbulo. Su función es la de reunir y trasladar a un número de víctimas ya captadas, aunque no necesariamente las acompañe hasta el lugar de destino. 


TRANSPORTADOR/A: se ocupa del traslado entre el lugar de origen y el lugar de destino. 


El o la INTERMEDIARIO/A: es aquel/lla que provee de información a los traficantes, falsifica la documentación necesaria o actúa en el momento de la recepción de las víctimas. Algunos asumen la responsabilidad de identificar y sobornar a oficiales o funcionarios corruptos de los servicios de migración en los puestos fronterizos. 


REGENTE DE PROSTÍBULO: son los dueños o encargados de “bares”, “clubes nocturnos”, “whiskerías”, donde se produce la explotación. Su ocupación es proveer de mujeres al local, mediante el contacto con reclutadores o proxenetas o por contactos personales. Es el tipo de tratante más visible. 


PROXENETA o RUFIÁN: se ocupa de la acogida en el lugar de destino. Los proxenetas disponen de víctimas a las que explotan sexualmente aunque no cuentan con su propio establecimiento, por lo que las ceden a otros rufianes por una cantidad de dinero determinada y durante un plazo específico de tiempo. Implementan el procedimiento denominado “sistema de plazas”, que limita la permanencia de las víctimas en un prostíbulo como máximo a 45 días, obligando a la rotación permanente e impidiendo la generación de vínculos entre las víctimas o entre ellas y los clientes. Ejerce una doble función, extractiva en lo que se refiere a los “bienes corporales” de la víctima, ya que será la extracción de sus comportamientos “sexuales” lo que garantizará su comercio y por otra parte una política intrusiva mediante ataques violentos, físicos, obligándola a consumir sustancias y alcohol en busca de una dependencia que recrea permanentemente el circuito del sometimiento obediente. Constituye, en el plano del goce, una capitalización que funciona como un plus que deriva del delito. También se lo menciona como rufián, si bien esta palabra tiene otros alcances. 


Actualmente existe una importante cantidad de captaciones mediante el uso de las nuevas tecnologías. Cualquier delito puede ser un delito cibernético mediante Internet. 


Traslado, iniciación y encierro 


En oportunidades, las mujeres son captadas personalmente por el rufián que regentea un prostíbulo. Fue posible asistir al juicio que se desarrolló en la localidad de Bell Ville, provincia de Córdoba (Giberti, 2015), con motivo de la fuga de una víctima. Esta joven mujer había sido “contratada” (de palabra) por el rufián –dueño de la whiskería– como cocinera para un local conocido como Puente de Fuego. Una vez en el lugar se le informó que debería prostituirse. Al negarse fue golpeada reiteradamente y al no acceder se la trasladó a un “especie de cueva” –según sus palabras durante el juicio– donde se le colocaron esposas sujetas a una pared para retenerla prisionera. Otras mujeres que “trabajaban” en la whiskería debían llevarle alimentos cada dos días y golpearla, es decir, utilizar la técnica de “ablandamiento” habitual en casos de resistencia, en esta oportunidad a cargo de otras mujeres.
La escasez de comida determinó el adelgazamiento de la víctima quien logró zafar su muñeca de las esposas y huir a través del campo donde se encontraba la “cueva”. Un camionero la recogió y la condujo a una comisaría ajena al distrito donde estaba localizada la whiskería, ya que recurrir a la comisaria de la zona hubiese determinado que la joven fuese nuevamente conducida a Puente de Fuego, según una experiencia anterior. A partir de allí, denuncia mediante, pudo iniciarse un juicio .


Durante el juicio en Bell Ville fue posible tomar contacto con otras mujeres prostituidas en la whiskería. El diálogo con ellas –así como con otras víctimas rescatadas en diversas oportunidades– permite inferir algunas situaciones propias de su encierro.


En primer término, los efectos que produce el arrancamiento del contexto geográfico/cultural acompañado por la separación del grupo familiar o vecinal a los cuales su economía pulsional podría haberse apegado (de modo rudimentario o no) la cual se organiza como desenlace traumático de características insoportables. Se complementa con la privación del parentesco (dejan de ser hijas o esposas, etc.), del derecho a reproducirse y de todos los derechos humanos (Giberti, 2012, op. cit.). 


Mujeres entre 14 y 22 o 23 años reiteradamente habitantes de regiones campesinas, eventualmente conurbanas, cuyas familias no solamente sobrellevaban intensas carencias económicas, también la imposibilidad de encontrar un trabajo en la zona. En su historia, las violaciones, los abusos sexuales, los malos tratos y las negligencias han sido permanentes configurando el inicio de una infancia y una niñez en las que el desvalimiento encontró su expresión más nítida. Situación que favorece el engaño y la esperanza de una vida mejor, con frecuencia asociada con producciones artísticas (contratos o contactos en televisión o desfilar como modelos). Lo cual se distingue de otras ofertas que en oportunidades incluyen “atender un bar”.


En algunas de estas víctimas se infiere el inicio de una historia de vida que no habría aportado recursos, como la posibilidad de crear una conciencia originaria asociada con el desarrollo de afectos, en los comienzos del desarrollo psíquico. Los recuerdos de la figura materna a veces aparecen sumergidos y “extraños”. Quizás esa figura materna no haya contado con la vitalidad pulsional necesaria para cualificar sus vivencias tempranas contribuyendo a la desestimación de los matices afectivos, situaciones acompañadas por la escasez de medios económicos y las necesidades básicas insatisfechas. Tal vez estos antecedentes del funcionamiento psíquico contribuyeron en la ausencia de una coraza antiestímulo (que permitiría, por una parte la intrusión desordenada de las experiencias que provienen del mundo externo sin poder cualificarlas y también las generadas por su vida pulsional); circunstancias que facilitarían una falla en el proceso de subjetivación. Es probable –según las narrativas de varias víctimas– que los miembros del grupo familiar conviviesen en un ambiente carente de empatía para el reconocimiento del otro –la niña– como sujeto en crecimiento y desarrollo. Esta apreciación, sin embargo, aparece contradicha por aquellas víctimas que añoran su vida anterior y temen que, en caso de una fuga (prácticamente imposible) la rufianería tomase represalias con sus familias.


En alguna oportunidad se ha encontrado una familia de origen cuyo clima violento generó una violencia expulsiva que adquirió eficacia ante la aparición de alguien diferente, el reclutador “una realidad diferente que transformó la recepción de esta violencia expulsiva en llamado y responda a él” (Maldavsky, D., 1996) pero en este modelo la posibilidad que se abre es un intercambio mortífero que la conducirá a la esclavitud. 


Sería posible presumir distintos mundos psíquicos en las historias de estas mujeres, pero en todas ellas el engaño constituye el común denominador, particularmente por tratarse de personas que parecerían esperasen ser engañadas como único camino para “progresar” en sus vidas. Este engaño proveniente del o la captador/a ejerce efecto de fascinación en la joven mujer o en la adolescente. De ese modo, quedan implicadas en el circuito de la ilusión-creencia opacando el proceso cognitivo que podría provocar desconfianza de aquello que se le ofrece o una reflexión. La fascinación que opera como espejo opacante del sí mismo de la víctima queda asumida en lo no-dicho por el intermediario, cuando en su decir agota la totalidad de lo que la víctima espera.


Al llegar a destino (el burdel donde quedarán alojadas) son sometidas a reiteradas violaciones por parte del rufián quien, al mismo tiempo, les aporta sustancias (drogas) y alcohol para que puedan tolerar los primeros “pases” (contactos con los clientes) que realiza acompañado por algún socio. 


En el lugar de “trabajo”


Una vez introducida en situación de trata, incorporará las múltiples violencias que parecerían integrarse construyendo una red de traumas que la envuelve y sujeta sin opciones para reconocer el horror de lo padecido ni imaginar un escape. Encontramos, en ellas, un estado de sopor que podríamos asociar con una defensa que en un primer momento rechaza la situación en la que se encuentra al comprender cómo ha sido engañada y obligada a transigir con las imposiciones del proxeneta; ese rechazo de la situación no retornaría como proceso defensivo y de ese modo ella no lograría aliviarse y persistiría en un estado de sopor, como entontecida, manteniendo un apego desconectado con su situación. Encontramos en ellas una “especie de estado segundo”, asociable con un estado tóxico, de variable intensidad, asociado con el trauma permanente y tal vez la génesis de una neurosis traumática (Giberti, 2012, op. cit.).
Las posibles alianzas o lazos solidarios con otras mujeres en la misma situación dependen de múltiples alternativas propias de cada prostíbulo, como un contacto “salvador” con algún cliente que facilite su teléfono celular para que ella pueda comunicarse con el exterior en busca de ayuda. Por el contrario, en el juicio Bell Ville, dos mujeres prostituidas, cumpliendo las indicaciones del proxeneta concurrían a “cueva” donde se encontraba cautiva otra mujer para castigarla y “convencerla”. Este fenómeno, que amerita un estudio aparte constituye el capítulo de la alianza entre mujeres contra otras mujeres e incluye el mundo de las captadoras encargadas de localizar a quien será su víctima.


Durante su estadía en el prostíbulo se encuentra una particular aceptación de su estado como esclava investida narcisísticamente pero afirmando, en oportunidades, que “ella es la preferida” del proxeneta como si no advirtiera que otras sostienen lo mismo. En realidad registran los dichos de otra compañera “sin creerlo”, lo cual en oportunidades desata peleas entre ellas. Aparece un déficit del orden del ocultamiento de la verdad que se reitera cuando algunas cuentan que “cuando salgan” se dedicarán “a otra cosa”. El deseo que verbalizan aparece como una función “triunfante” y regresiva sin que en los diálogos se pueda encontrar una elaboración de tal proyecto que es ajena a sus posibilidades reales.


Podemos pensar en el fracaso de esta defensa cercana a una omnipotencia pueril cuando en situación de rescate comienzan a describir su estado y se escuchan narrándole a otra persona (la profesional que las acompaña, otra mujer), la inevitable evidencia de su esclavitud, habitualmente no reconocida como tal por ellas al interpretar su estado como algo inevitable.


La situación de esclavitud se mantiene mediante el cumplimiento de su “trabajo” al recibir entre doce y quince hombres por día a los que deben complacer para no correr riesgo de ser sancionada por el rufián.


En alguna oportunidad alguna de ellas logra registrar su estado e incorpora una fantasía de fuga al sentir pena por su existencia; podía escucharse este comentario durante el juicio de Bell Ville, cuando una de las víctimas reclamaba por su deseo de “ver cada tanto a su hijito de dos años”, a pesar de comprender que debía mantenerse en el prostíbulo para “pagar su comida”.


Estas víctimas responden a una lógica mercantil que se sostiene sobre un producto anhelado por quien estima que debe pagar –por lo tanto lo pagado es valioso– y para obtenerlo debe tercerizar su deseo (que evaluamos como deseo de poder) mediante la figura del intermediario o proxeneta. La víctima empieza por ser cotizada como un bien. Que ello signifique esclavitud no modifica la instancia de “ser alguien” en el momento del coito. Pero es un “alguien” cuyo valor, dependiente de un encierro, genera un mundo fantástico, ausente de la superficie de la tierra, no obstante provenir de ella. En ese mundo, ellas viven y conviven sin que sea posible registrarlo como “mundo psicótico”, ni clasificar como tales a quienes lo recrean permanentemente.


Por parte del cliente, es un pasaje al acto que trasciende el código de los cuerpos (coito) por medio del cual algunos/as se declaran hombre y mujer. Según Allouch (1995) “El acto sexual equivale así a una declaración de sexo. Exactamente donde no hay relación sexual” sino la cifra de un acto criminal.


Los clientes de la trata


Cliente” deriva del latín: cliens-tis y quiere decir “protegido”, persona defendida por el patrón. El cliente, en la trata, está bajo la protección del mafioso. “Cliente” no sería la mención correcta ya que el clientelismo no define el perfil del cómplice del delito y enmascara la complicidad del hombre que paga para ejercer su poder dominante sobre los cuerpos de las mujeres víctimas, al mismo tiempo que resuelve sus tensiones mediante una urgencia eyaculante para equilibrar su economía pulsional (Giberti, 2004).
Freud (1912) sugiere “(Al hombre) sólo le es deparado un pleno goce sexual si puede entregarse a la satisfacción sin miramientos, cosa que no se atreve a hacer con su educada esposa. A ello se debe su necesidad de un objeto sexual degradado, de una mujer inferior éticamente a quien no se vea precisado a atribuirle reparos estéticos…”.


Impresiona como si “algo de la muerte” acechara a estos sujetos que se incluyen como protagonistas y colaboradores/cómplices de la ficción que esta clase de prostíbulos significan, donde todo es una producción ficcional: el estatuto de la mujer que lo recibe, los avisos en los periódicos y volantes mediante los cuales las anuncian como bellezas prometedoras de placeres infinitos, y la realidad falsa que los autoriza a evadirse de ser parte de un delito y donde ellos mismos son parte cosificada del mercado que los utiliza. Todo ello sumergido en el concreto mundo de la descarga que el sujeto solicita como significante de su proceder. 


La utilización de la palabra “cliente” en los documentos internacionales fue permanentemente vedada y se utilizaba la expresión “desalentar la demanda”. Una manera de decir menos explícito que desalentar la búsqueda de una mujer para satisfacer las necesidades del varón, porque al colocar una palabra cuyo uso no es habitual su protagonista queda a oscuras. La palabra “cliente” no deja espacio para la duda. En cambio “demanda” excluye la rápida comprensión e incorporación en el imaginario social y se logra que la población no entienda con claridad a quiénes hay que desalentar. Si esta expresión que ha sido inscripta matricialmente en los documentos internacionales, se utilizara  junto con la idea de cliente resultaría más clara.


En marzo del año 2009, Argentina, con la participación de Uruguay, recibió a la OEA y a los representantes de los diversos países en una reunión destinada al tema trata. Era la oportunidad para ensayar la incorporación de la figura del cliente en el nuevo Documento. En esa oportunidad, nuestro país realizó una refinada intervención política . El Ministro de Justicia, en su discurso inaugural afirmó: “es necesario desenmascarar al “cliente” para “desalentar la demanda de sexo pago” a cargo de “mujeres y adolescentes” encerradas en burdeles a través de engaño, amenazas y violencia y obligadas a prostituirse. Sin el cliente no habría trata ni prostitución”. En la Declaración de Buenos Aires rubricada el 7 de mayo del año 2010 se incluyó la palabra “cliente”. Pendiente la discusión final en Naciones Unidas (Giberti, 2011).


Después de diversas consultas con especialistas y luego de debates políticos en el ámbito legislativo pudo sancionarse la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que se promulgó el 9 de abril del año 2008 y su modificatoria Nº 26.842.
Creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (Giberti, 2015).
Ante la posibilidad de que la ley que sancionaba el delito de trata y protegía a sus víctimas comenzara a funcionar, era necesario anticipar el procedimiento para rescatar a esas mujeres. Dejar a cargo a las Fuerzas de Seguridad la intervención que implicaba el contacto con las víctimas arriesgaba su revictimización. Entonces utilicé la conceptualización de rescate y reproduje la idea de acompañamiento en lugar de asistencia, conforme con la filosofía del Programa las Víctimas contra las Violencias.


Resultaba evidente que la decisión de rescatar a quienes se encontraban esclavizadas en los prostíbulos –enmascarados con el nombre de whiskerías en el borde de las rutas, casas de masajes o confiterías bailables– no debería realizarse de acuerdo con el canon tradicional, o sea, una Fuerza de Seguridad irrumpiendo en los locales donde se encontraban las mujeres y también los clientes y rufianes. Era preciso establecer una mediación que empoderase a las mujeres y comenzara por el reconocimiento de sus derechos vulnerados mediante la esclavitud. Los varones que formaban parte de estas fuerzas no estaban preparados para asumir tal responsabilidad. Fue preciso entrenarlos. Las víctimas debían ser abordadas por otras mujeres profesionales y no por varones asociables con los clientes. El Programa las Víctimas contra las Violencias contaba con profesionales entrenadas en lidiar con sujetos prostituyentes que buscaban niñas explotadas sexualmente en las calles. Con ellas se comenzó la tarea cuya descripción y fundamentación es tema de otro artículo.  


¿Cómo se procedería?: una vez que fuera recibida la denuncia relativa a una situación de trata, el juzgado correspondiente indicaría el allanamiento del local mediante la intervención de una Fuerza de Seguridad, la cual convocaría a la Oficina de Rescate para que sus profesionales mujeres acompañasen durante el allanamiento e ingresaran en el prostíbulo para prestar acompañar y asistir a las víctimas. 


La indicación nueva y desconcertante era la que se había incorporado como estrategia de intervención: “Los hombres de las Fuerzas de Seguridad ingresarán en el predio donde se encuentran las mujeres acompañados por las profesionales de la Oficina. Los varones no tomarán contacto con las víctimas. Quien conduzca a esta Fuerzas tendrá que ocuparse, como primer paso, de establecer contacto con los clientes y rufián que se encuentre en ese momento”. Esta disposición quedaba limitada por la geografía del lugar y en ocasiones fue preciso que las fuerzas de Seguridad ingresaran primero para reconocer el terreno, sin tomar contacto con las víctimas, para ingresar posteriormente las profesionales.


Habitualmente las víctimas pensaban que las profesionales eran policías. Era preciso aclarárselo inmediatamente.


Al proceder de este modo se incorporaba una paradoja pragmática en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad ya que sus miembros comparten el imaginario social acerca de las mujeres a las que deberían atender en situación de trata. Para ellos serían prostitutas cuya actividad habría sido libremente elegida. Por su parte, la filosofía sobre la cual se asentaba esta Oficina estaba regulada por el atravesamiento del género mujer, sus derechos y el trato que debía ofrecérsele dada su condición de víctimas, por lo tanto las Fuerzas de Seguridad enfrentaban dos órdenes opuestas –contradictorias– imposibles de ser obedecidas simultáneamente: actuar en relación con mujeres que “transgredían la ley” y al mismo tiempo –y desde otra perspectiva– atenderlas como víctimas a las que se debería rescatar de su esclavitud.  


La contradicción pragmática que asumieron las Fuerzas de Seguridad fue decisiva: no era posible discutir la orden que surgía de quien había creado la Oficina, la coordinadora del Programa Las Víctimas contra las Violencia y era puesta en práctica por quien, en ese entonces, la dirigía, la Secretaria de Seguridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.


La imposibilidad de discutir se completaba con otro nivel de lo contradictorio: no es posible huir de una orden contradictoria. O sea, se debía obedecer la estrategia formulada por la Oficina.


Paulatinamente se transformó en colaboración aprendida –capacitación mediante– por lo menos durante los dos primeros años en los que la Oficina de Rescate dependió del Programa Las Víctimas contra las Violencias. Cabe preguntarse por el goce –en sentido psicológico– que pudo producirse durante los primeros tiempos de este ejercicio en los asombrados y azorados miembros de las Fuerzas de Seguridad. Un equipo formado por mujeres –jóvenes en su mayoría– “interfería” su estilo marcial durante los allanamientos, y aceptaban mantenerse en silencio y lateralizados mientras las profesionales dialogaban con las mujeres prostituidas. 


Mientras la Fuerza de Seguridad debe detener al responsable del prostíbulo (aquel que se encuentra regenteándolo en ese momento) y retener a los clientes, las profesionales dialogan con las víctimas y luego las trasladan en un móvil policial a la casa refugio donde permanecerán durante dos o tres días antes de prestar su declaración testimonial. Fue preciso contar con una casa refugio que inicialmente fue provista por una institución religiosa. Durante esos días se las conducirá al hospital que deberá contar con un equipo preparado para asistir a estas víctimas. Ellas son acompañadas por las profesionales: trabajadoras sociales, psicólogas y un abogado, durante la declaración testimonial que deberá efectuarse ante el Juzgado Federal. En esa oportunidad, si las profesionales advirtiesen que la víctima se encontrase angustiada y evidenciara los efectos del trauma del cual proviene, están autorizadas, en ejercicio del derecho de las víctimas, para interrumpir la audiencia y solicitar al juez una nueva fecha. Los procedimientos que se siguen mediante esta Oficina solamente se ponen en práctica en nuestro país, sin que existan antecedentes internacionales al respecto. Una vez que la víctima ha declarado se la retorna a la casa refugio para que retire sus pertenencias y se la conduce al Ministerio de Desarrollo Social cuya tarea reside en acompañarla durante los tramos siguientes para su recuperación, repatriación o instalación en el Programa de Ayuda pertinente que dicho Ministerio describe en su página web.


De este modo fue concebida y creada la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Víctimas del Delito de Trata que, por solicitud del Programa Las Víctimas contra las Violencias, fue trasladada a otro ámbito dado que sus tareas, funcionaba las 24 horas durante los 365 días del año, se superponían con las acciones del Programa, cuya actividad se desarrolla durante los mismos días y horarios.

Datos estadísticos 
*Los datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata figuran en el sitio Web del Ministerio (las mismas no están actualizadas) - Link: http://www.jus.gob.ar/noalatrata 


Según la fuente que proviene de la consulta con dicha Oficina: en el año 2015 fueron rescatadas 849 víctimas de explotación sexual y 1261 víctimas de explotación laboral.


1. “Desvalimiento (…) con la situación traumática frente a la cual uno está desvalido coinciden peligro externo e interno, peligro realista y exigencia pulsional, sea que el yo vivencie en un caso un dolor que no cesa, en otro una estasis de necesidad que no puede hallar satisfacción, la situación económica es, en ambos casos, la misma, y el desvalimiento motor encuentra su expresión en el desvalimiento psíquico” (Freud, S., 1926).


2. “Rufián” es palabra derivada del latín  que significa “alcahuetear a una mujer”, expresión que se encuentra entre los clásicos italianos y tuvo su origen en las personas de cabellos rojizos o sea “rufus” porque en el  Medioevo las personas pelirrojas eran puestas bajo sospecha. Se debió su aplicación al hecho de que las prostitutas romanas utilizaban pelucas rojas y rubias. Por extensión se aplica a sujetos arrogantes, con bordes delictivos. Proxeneta equivale a intermediario y deriva de xenófobo.


3. Tras la media sanción de la Cámara de Diputados, el 23 de septiembre de 1913, apenas seis días después, el Senado de la Nación lo trató y aprobó sin modificaciones. Ese día es recordado por la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres, como una de las jornadas históricas en la lucha contra la rufianería, y así lo declaró en su Congreso Mundial de Dacca, Bangladesh, en enero de 1999.


4. Al que asistí durante su desarrollo en calidad de experta enviada por el Ministerio del Interior de la Nación, como coordinadora del Programa las Víctimas contra las Violencias.

5. Fui designada Relatora por Argentina para referirme a la situación en nuestro país.


Buenos Aires, Febrero 2016


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Articulos Cientificos
Curriculum del autor/a

Eva Giberti

egiberti@gmail.com

Licenciada en Psicología, Asistente social (UBA), Doctora Honoris Causa en Psicología (Univ. Nac. de Rosario), Idem. (Univ. Autónoma de Entre Ríos), Docente en la Especialización Psicología Forense (UCES); fue docente en la Especialización Violencia familar (UBA), Co/coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Familia (UNSAN), Relatora representante de América Latina en el 57º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, Nueva York. actualmente y desde el año 2006 dirige el Programa las Víctimas contra las Violencias (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación).